El informe de la politóloga Carmen Midaglia "Sustentabilidad Democrática" habilita la discusión de orientaciones estratégicas de mediano y largo plazo para la infancia y adolescencia. Se recabaron opiniones que muestran las dificultades para esa franja etaria de nuestra población.
Para cambiar la realidad
La construcción de la ENIA -que cuenta con el aval de la Presidencia de la República y el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay- pretende arribar a la formulación de lineamientos estratégicos que contribuyan a acometer los principales retos que el país enfrenta en materia de infancia y adolescencia.
Para ello ha convocado una discusión amplia que involucra a los organismos públicos, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los sectores empresariales y académicos, entre otros.
En un extenso documento Sustentabilidad Democrática, que ha sido elaborado como uno de los insumos claves para el proceso de discusión que guiará la construcción de la ENIA 2010-2030, su autora, la politóloga Carmen Midaglia, plantea una serie de interrogantes que suscitan la reflexión. En ellas se cuestiona, entre otros varios puntos, si los menores son objetos de necesidades o sujetos de derecho, si existe articulación entre las instituciones que trabajan en el tema, y si realmente se aplica el Código de la Infancia y la Adolescencia en nuestro país.
También se reflexiona sobre si existen espacios para que esta franja etaria pueda expresarse. Finalmente, el documento plantea propuestas y recomendaciones hacia la construcción del ENIA para 2030.
La especialista mantuvo un total de 20 entrevistas en profundidad con especialistas, entre los que figuran, parlamentarios participantes de comisiones vinculadas a la infancia y adolescencia, integrantes de grupos juveniles políticos partidarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, operadores y autoridades de las principales instituciones que trabajan con este sector etario, con el objetivo de recabar opiniones. Es casi unánime la convicción de que el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia supone un gran avance jurídico para el país, ya que se ajusta a los estándares normativos internacionales sobre la forma de abordar este segmento de la población.
Por otra parte, algunos entienden que el INAU carece de suficiente liderazgo, legitimidad y autoridad política para dirigir un cambio sustantivo. "Esa institución 'carga en sus espaldas' con un legado histórico asociado a la pobreza y a la protección de tipo residual de la 'infancia desvalida'", opinan informantes de organizaciones no gubernamentales.
Fuente:LaRepública
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